(Radio GBA / Página.12) Siguiendo el relato Macrista, bien podría decirse que con el dinero que debería pagar el Grupo Macri por haber mandado a la quiebra la Correo Argentino privatizado en el menemismo y que Néstor Kirchner (acertadamente) estatizó, se podrían construir hospitales y escuelas. Pero en lugar de ponerse a favor del Estado (todos nosotros) y reclamar el pago, el gobierno que encabeza Mauricio Macri condonó el 99 %  de la deuda millonaria que la empresa de su familia mantiene con nuestro país. Actualizada, la cifra ronda los 77 mil millones de pesos.

En torno a ésto, el bloque del Frente para la Victoria presentó una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por los delitos de defraudación contra la administración pública, cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además el FpV pidió la declaración indagatoria a los imputados.

Por otra parte, los dirigentes de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, apuntaron contra el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, por haber aceptado el quite de la deuda, pero también contra sus superiores: Aguad y Macri.

Sabbatella y Cerruti pidieron que se inicie una investigación penal por los delitos de administración fraudulenta contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Por su parte, el abogado Daniel Igolnikov radicó otra denuncia en la que los acusa de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “tráfico de influencias”, al asegurar que Mocoroa carecía de competencia para firmar el acuerdo con el Grupo Macri. Ambas denuncias recayeron en el juzgado de Ariel Lijo.

Mocora participó como parte del Estado en la audiencia realizada en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que se llevó a cabo en junio de 2016 junto representantes Correo Argentino y los síndicos, y donde se acordó una quita del 98,8 por ciento de la deuda que mantenía la empresa de Macri con el Gobierno Nacional.

Para los denunciantes, más allá de que el propio Mocoroa expresó en la audiencia que procedía “siguiendo expresas instrucciones”, resulta “obvio que no hubiera podido actuar sin ellas”. “No resulta creíble que alguien decida arbitrar entre las partes Correo de Macri y Gobierno de Macri, sin instrucciones de Macri”, señalaron Cerruti y Sabbatella.

Siguiendo los lineamientos del dictamen de Boquín, quien calificó la propuesta de pago de la deuda como “abusiva, irrazonable y ruinosa”, los dirigentes de Nuevo Encuentro señalaron que los funcionarios denunciados “tenían a su cargo la administración de los bienes del Estado Argentino y aceptaron una condonación irrazonable de 70.000 millones de pesos de deuda aceptando la propuesta de Correo Argentino en el marco de una audiencia judicial”.

Por esta razón, señalaron como responsables al presidente de la Nación, Mauricio Macri, “como máximo responsable de la administración de los bienes del Estado Nacional”, a Oscar Aguad “como ministro del área que tiene bajo su órbita el cobro de la deuda de Correo Argentino”, y a Mocoroa, funcionario del Ministerio de Comunicaciones y representante del Gobierno en la audiencia “en la cual aceptó una propuesta de pago gravemente lesiva para el patrimonio del Estado”.

Por su parte, en declaraciones a distintas radios, Mocoroa defendió el acuerdo y aseguró que no le perdonaron “un mango a (Franco) Macri, ni los intereses”. “Acá no hay ninguna quita ni condonación de deuda”, sentenció el funcionario. “Nosotros logramos percibir 600 millones de pesos que van a servir para obra pública y esto lo van a pagar en 15 años”, puntualizó Mocoroa.

Además, el denunciado afirmó que las cifras que elevan el monto de condonación a 70 mil millones no es correcto ya que “la deuda era en pesos, así que no se puede hacer un parangón en dólares”.”Los números irrisorios a los que están haciendo referencia los medios están vinculados a un error jurídico o a la mala intención”, sentenció Mocoroa.

Sin embargo, para la fiscal Boquín y los denunciantes el Estado debería cobrar a 15 años más de 70.000 millones de pesos por una deuda de casi 300 millones de dólares que está en disputa desde 2001.

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