(Radio GBA) El gobierno que conduce Mauricio Macri le quitó el derecho de la pensión por invalidez a 70 mil personas con capacidades diferentes a pocos días de haber presentado el llamado Plan Nacional de Discapacidad con bombos y platillos en uno de sus típicos actos montados al efecto. La eliminación del pago de los 4776 pesos (que muchos discapacitados o tutores se enteraron al ir al cajero) es una medida de las más antipopulares y dolorosas que se conoce en los últimos años. Hasta el diario Clarín, un verdadero boletín oficial junto con todo el Grupo de Medios que fue ampliamente beneficiado por el macrismo y que ofrece su protección al primer mandatario, confirmó cuáles son los criterios que establecieron para la quita de pensiones a discapacitados. Y dichos criterios, marcados por un absoluto insensible, indica que ya no podrá tener una pensión por discapacidad:
– Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.
– Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
– Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.
A tremenda medida, que viola todos los derechos mundiales a favor de las personas con capacitadas diferentes, se le opuso todo el arco opositor, de la cultura, la música y hasta muchos integrantes del gabinete que patalearon hacia adentro, conservando aún el pacto de no decir nada a la prensa.
En diálogo con el diario Página/12, la vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, Gabriela Troiano, sostuvo que “estamos ante una situación de desconocimiento absoluto sobre el tema de discapacidad”. Luego, respondió algunas consultas de los colegas del matutino:
-¿Qué desconoció el Ministerio de Desarrollo Social al aplicar los criterios de aquel decreto a las personas con discapacidad?
– El decreto reglamentaba una ley previa, la 13.478, que quedó vetusta e incluye conceptos como invalidez. En esa legislación se ordenaba el pago de pensiones para personas con discapacidad y para personas en estado de indigencia. Los criterios del decreto permitían establecer la situación de indigencia o no, pero no pueden aplicarse los mismos criterios para las personas con discapacidad.
-¿Qué dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al respecto?
-La convención establece que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no de asistencialismo. No pueden tomarse criterios como el ingreso mensual o si posee un auto. A una persona con discapacidad que no tiene una casa propia no le alcanza con un ingreso mensual, un automóvil para una persona con discapacidad no es un lujo sino una necesidad. Si hay un familiar que tiene un trabajo en blanco no es suficiente. Las personas con discapacidad necesitan un respaldo; deben enfrentar estudios médicos, existen discapacidades que requieren de medicamentos no reconocidos en el Programa Médico Obligatorio o, simplemente, acceder a un audífono cuesta entre 30 o 50 mil pesos.
-¿Cómo se puede avanzar desde el Parlamento frente a estas medidas del Gobierno?
-El decreto del 97 establece condiciones y requisitos ridículos para que una persona con discapacidad acceda a una pensión. Por eso, el lunes presenté un proyecto para derogar la aplicación del decreto 432, por inconstitucional, por violación a la convención y al Código Civil y Comercial de la Nación, que está acompañado por los diputados (Hermes) Binner, (Lucila) Duré, (Victoria) Donda y (José) Ciampini.
Desde el gobierno, se desesperan en explicar que la medida es porque detectaron irregularidades en los beneficiarios de la pensión, sin medir un ápice quienes cobraban de manera irregular y barriendo con todo con la excusa de achivar el gasto del estado, mientras la clase dirigente se aumenta los sueldos de manera descomunal y aumentan los cargos públicos jerárquicos.
Hacer Comentario